La mayoría de los estafados, residen en la zona de Worcester, dijo la fiscalía en un comunicado.
Zúñiga, vivía en el poblado Woonsocket en Rhode Island, y sus dos hijas Alba Peña de 24 años de edad e Indranis Rocheford de 27, también están acusadas en el esquema y enfrentan ocho cargos por fraude electrónico en la Corte Federal del Distrito de Worcester en Boston.
“De acuerdo con el expediente judicial, se alega que desde el 2010 hasta el 2012, Zúñiga, Peña y Rocheford estafaron a las víctimas inmigrantes con ningún estatus legal o estatus legal temporal en los Estados Unidos”, dijo la oficina de la fiscal federal Carmen Ortiz.
“A las víctimas, ellas les dijeron que Zúñiga trabajaba para las autoridades de inmigración y podía ayudarles a obtener documentos para regularizar el estatus migratorio”, explica la fiscal Ortiz.
Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional comenzaron a investigar a Zúñiga y comprobaron que cobraba entre $ 9.000 a $14.000 dólares en efectivo para supuestamente ayudar a los inmigrantes a obtener el estatus de residencia legal permanente en los Estados Unidos.
Un abogado de inmigración en el área de Boston, avisó a los investigadores después que clientes le dijeron que Zúñiga los había estafado.
Zúñiga se reunió con los quejosos en Worcester y amenazó con hacer que los deportaran. Veintisiete de las víctimas son nativos de países en América Central y dijeron a los investigadores que pagaron más de $ 640.000 a Zúñiga entre 2010 y 2012.
Las autoridades dijeron que Zúñiga y sus hijas, recibieron más de $800.000 de las víctimas.
Después que cumpla su condena, Zúñiga que cumplir otros tres años en libertad supervisada.
También fue condenada a pagar $713.850 en restitución a las víctimas.
Nota de Miguel Cruz Tejada
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